El escándalo de los cobros por cesión de derechos a título oneroso por parte de Lluís Homar como director artístico de la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha difundido entre el sector la información de cómo funciona el sistema de remuneración de los directores de las unidades de producción del INAEM. La periodista Elena Cabrera lo explica detalladamente en su artículo del 12 de agosto en eldiario.es: cuando el INAEM contrata a un creador, se espera de él que siga escribiendo o dirigiendo mientras capitanea la institución. Para compensarle por el uso de sus derechos de autor, el INAEM dispone hasta 50.000 euros anuales, que se suman al sueldo habitual del director artístico. A esta fórmula se han acogido, según Cabrera, Alfredo Sanzol, Helena Pimenta o Rubén Olmo. El problema con Homar ha sido que esos pagos se han realizado para pagar sus labores de interpretación, algo que no está contemplado en el contrato público.
De manera colateral, lo que realmente se ha puesto en cuestión con el ‘Homargate’ es la pertinencia de que las unidades de producción públicas sean dirigidas por creadores. Por un lado, pedirle a una directora, un dramaturgo o una bailarina que renuncie a estar en activo durante los cuatro años que dura su mandato al frente de una institución es, como poco, debatible. Imaginemos por un momento sus posibles ramificaciones: ¿debería poder dirigir o escribir para otro teatro público, o también tendría que estar vetad@ durante esos cuatro años? ¿Hay un tiempo de incompatibilidad una vez haya abandonado el cargo? ¿Solo en teatros nacionales o también en teatros extranjeros? ¿Podría recibir encargos del sector privado? ¿Cuánto podría cobrar, en este último caso? Ninguna de estas preguntas es fácil de responder.
Por otro lado, con la figura del gestor cultural al alza, hay voces que apuestan por que las direcciones artísticas de los espacios públicos sean ocupadas por estos especialistas. De nuevo surgen los interrogantes: dado que la gestión cultural es discurso, ¿debería el discurso pertenecer al espacio, independientemente de quién lo dirija, y que el director artístico sea un mero ejecutor? ¿Qué significa, entonces, ser un director artístico? ¿Existen gestores culturales en España con el peso específico que requieren las direcciones de las unidades de producción del INAEM?
Ninguna reforma es fácil, porque cada vez que se mueve una pieza, se desequilibran muchas otras. Por mucho que se quiera tener todo bien atado, siempre hay consecuencias imprevisibles. Aquí lo único objetivo, de manera absoluta, son las cifras: el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cobró en 2023 un sueldo de 90.449,28 €. Lluís Homar, por su parte, ha recibido en 5 años un total de 545.000 €, entre su sueldo como director (74.000 euros anuales en 2019, que han ido subiendo hasta alcanzar los 79.586 de 2024) y la cesión de derechos de autor. ¿Tiene sentido que un director artístico cobre más que el Presidente del Gobierno? Una de las dos cifras debería revisarse.
