Artículo ganador del Accésit del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural 2017. [entradilla]
Artículo ganador del Accésit del Premio Paco Rabal de Periodismo Cultural 2017 que otorga AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión)
¿De dónde se saca dinero en las artes escénicas? Es la pregunta del millón (nunca mejor dicho), la que muchos compañeros se hacen día tras día desde su precariedad y sus minijobs. Por muchas vueltas que le demos, siempre acabamos en el mismo sitio: del Estado y del público. Subvenciones y taquilla. En este país cualquier otra fórmula -crédito, patrocinio, mecenazgo- esta infradesarrollada y no responde a la realidad de compañías y salas. El problema es que la relación conceptual entre ambas fuentes de ingresos ha generado una situación perversa que está llevando al sector hacia su autodestrucción. No se habla de otra cosa en los bares posfunción: el clamor es evidente. Pero tengo la sensación de que nos puede la víscera: creo que es hora de poner sobre la mesa otro tipo de análisis, más áspero, que vaya a la estructura del asunto. Y que lo discutamos.
Porque estamos hablando de la supervivencia de lo privado a través de la regulación desde lo público. Es el Estado, a través de los múltiples sistemas de ayudas y premios, el que establece paradigmas conceptuales contraproducentes para el propio sector. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que los múltiples certámenes de dramaturgia convocados por ayuntamientos de toda España requieran que el texto esté sin estrenar, sin publicar, sin premiar en otro concurso? Lo que promueve este sistema no es solo que un texto premiado quede inutilizado para otras convocatorias, sino que genera inflación de obras con galardón, condenadas, salvo contadas excepciones, a no tener recorrido. El aura de la novedad ha calado hondo: ¡cuántos festivales se fundamentan en cacarear el número de estrenos que programan y que jamás nadie conocerá! ¿Qué es mejor para el alma, invertir mucho y bien en algo, o producir a destajo para que caiga una migaja? Calidad o cantidad, esa es la cuestión que el sistema se ha encargado de resolver.
Pero no solo en la raíz creativa hallamos esta perversión. En lo referente a las compañías, las ayudas se centran en dar apoyo económico parcial a las fases de producción y difusión, normalmente cuando ambas ya están en marcha o concluidas: el montaje nace, crece, gira y muere gracias al trabajo y el dinero de la compañía, no de la administración. A esto se suman las paradójicas ayudas a apertura de salas: solo si un espacio abre y resiste durante los años suficientes como para no necesitar subvenciones, puede optar a ellas. Por lo tanto, la única manera de arrancar y sostener una empresa teatral es contando con una fuerte inversión inicial o ser un kamikaze.
Las consecuencias de este sistema están siendo catastróficas en el mercado español de las artes escénicas. Para los profesionales, la sobreproducción artística está causando a partes iguales un síndrome de Stendhal colectivo y una enorme confusión en los parámetros de calidad. Una devaluación de nuestro propio trabajo. Y en el lado oscuro aún es peor: dado que la empresa teatral no necesita recuperar el dinero procedente de ayudas públicas, puede abaratar el precio de la entrada por debajo del precio de amortización: la taquilla no tiene por qué cubrir los gastos reales de la producción. He aquí el auténtico drama. Cuánto cobra uno por su trabajo es la manera de fijar su valor social. No solamente nos hemos devaluado entre nosotros: nos hemos devaluado ante la sociedad.
La relación entre precio y coste es objetiva, pero el valor es una construcción subjetiva que se conforma de varios factores, incluido el precio. Por ello no me parece arriesgado afirmar que si el precio de un producto o servicio se sostiene en el tiempo en determinados márgenes, el valor que el cliente atribuye a lo que compra se ajusta a esos márgenes. Si, como ocurrió de abril a julio de 2016, en un teatro como La Latina se pagan 15 euros por ver a Candela Peña, o sea, a una actriz con un Goya y ‘de la tele’, en carne y hueso, ¿a cuánto ha de poner la entrada una sala alternativa para no ser percibida como algo ‘caro’? Hagan ustedes los números o mírenlos en Atrápalo (los intermediarios son otro tema en sí mismo). Los espacios de pequeño formato, con exiguos márgenes de beneficio en taquilla, están abocados a utilizar otras estrategias para su supervivencia: desde dar clases a instalar un bar, pasando por la multiprogramación garantizándose llenos endogámicos, o solicitar ayudas año tras año… Las compañías, sin estos recursos de ingresos complementarios, no tienen más opción que actuar a precio de coste o a pérdida. Y esperar la subvención para, si hay suerte, quedarse, virgencita, como estaban.
En resumidas cuentas, el Estado se ha convertido en un gigantesco mecanismo para estimular la creación sin preocuparse de que se conozca lo producido; ha convertido la actividad empresarial privada en dependiente de lo público; la conjunción de ambos factores, además, ha degradado la percepción del valor del trabajo artístico por parte de la ciudadanía, tanto por el exceso de oferta como por el precio al que se puede adquirir. Estamos muy jodidos, camaradas.
Urge un replanteamiento serio de cómo puede el Estado, desde su posición reguladora, trabajar para que el sector escénico español privado se convierta en realmente independiente. En España estamos ahora muy entretenidos con el teatro político y económico; parece que la política económica tendremos que hacerla desde el teatro. O desde artículos como este.
Una primera idea: subvencionar el consumo de artes escénicas en lugar de la producción. Ayudar al consumo ocurre en las mejores familias, véase el plan PIVE. El Estado ayuda al comprador a adquirir un nuevo vehículo: el gigante automovilístico recibe parte de dinero público (que se vende como «ayuda al comprador») y parte de dinero privado (los ahorros del comprador), completando el precio real del coche. A nivel perceptivo, el coche no se devalúa: yo, consumidor, soy muy listo porque me ha salido más barato.
Un sistema de subvención al consumo requeriría profundos cambios en los teatros tal y como los conocemos: ¿quién puede tener una entrada subvencionada? ¿Cómo se valida esa subvención? ¿Cómo la cobra el teatro? ¿Cómo se implanta? Eso requiere de un proyecto que supera la extensión y objetivo de este artículo, pero se puede hacer. Ya hay alguna tentativa al respecto, como la que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana (más información aquí), pero que deposita la responsabilidad de recibir la ayuda estatal en cada individuo, no en la empresa que le ofrece el producto. Aún es pronto para conocer su alcance y eficacia, pero no hacer, al menos, corresponsable a la empresa cultural no parece, a priori, la mejor manera de afrontar el problema.
Porque, que conste, en esta propuesta modificar lo subvencionado no tiene como fin desmantelar los emporios teatrales, sino cambiar su función. Porque en un sistema capitalista avanzado y sano, las empresas líderes también lo son en innovación y búsqueda de nuevos clientes. Si el dinero de los teatros dependiera directamente de la cantidad de gente que entra por taquilla, con precios ajustados a coste y entradas subvencionadas, los grandes se verían obligados a llenar los patios de butacas, y se devanarían los sesos para crear nuevos públicos. Espectadores jóvenes, con una vida de consumo teatral por delante, a los que fidelizar para que repitan una y otra vez, que se conviertan en prescriptores, que generen hábitos referenciales para la siguiente hornada de jóvenes espectadores… Apple lo hace muy bien porque le va la vida en ello: nuestras grandes empresas teatrales lo intentan, pero con echar un vistazo a la edad media del aforo de cualquier sala es posible suponer que no, ese público no es de Apple.
Elevar los precios de las entradas permitiría, además, que las salas de pequeño y mediano formato subieran a su vez los suyos, disminuyendo la necesidad de multiprogramación, consiguiendo más difusión para cada espectáculo y posibilitando que las compañías tengan opciones realistas de recuperar su inversión, o incluso ganar.
Parece descabellado, en la situación actual de mendicidad escénica, en la que jaleamos al espectador desconocido por concedernos siete o nueve de sus esforzados euros, proponer como solución un encarecimiento de las entradas. Estamos tan abducidos por la desvalorización de nuestro propio trabajo que tememos que si cobramos lo justo -lo que cuesta hacerlo-, nadie venga a vernos. ¿Es mejor, entonces, sostener una actividad en condiciones miserables? Subir el precio de las entradas no cambiará por sí mismo la percepción del valor de nuestro trabajo, hay otros factores, pero desde luego tiene que empezar por que nosotros seamos capaces de dárselo.
Hay otras maneras de revalorizar las artes escénicas y simultáneamente fomentar su consumo: ¿por qué no conceder subvenciones a la difusión publicitaria? Un programa de ayudas a la publicidad en grandes medios, que subvencione a las empresas para poner anuncios en televisión y desgrave a las cadenas, haría que teatro, danza y circo comenzaran a formar parte de la agenda mediática. Y lo que existe en la tele tiene una presencia social que aún no ha conseguido ningún otro medio de comunicación, ni siquiera las redes.
Por último, algo que cae por su propio peso: apoyar el emprendimiento, pero de verdad. Cuando una empresa comienza es cuando necesita ayudas a fondo perdido, no cuando ha demostrado su solvencia. De cajón.
¿Podemos sobrevivir así todos? No, pero el que sobreviva, quizá pueda hacerlo de verdad, porque la Administración ha reorientado sus recursos no hacia un mantenimiento tóxico del sector sino hacia la creación de públicos. El Estado debe ser responsable del acceso a la cultura, pero no degradando su valor. Que sean los teatros públicos los que tengan precios populares: que sean los ayuntamientos los que contraten obras de entrada libre para sus vecinos; que la Administración instaure talleres de teatro gratuitos en centros culturales y que se integren las artes en la educación; eso sí es su competencia.
Y ya otro día discutimos sobre si los políticos están interesados en que la cultura tenga valor o no.
